El complemento de todo varón se halla en su contraparte femenina, que a pesar de contar con demasiada visibilidad en la sociedad, – concretamente, los dos días de la mujer, el internacional del 8 de marzo, el nacional del 11 de octubre, el día de la secretaría el 26 de abril, el 27 de mayo día de la madre, entre los más notorios – ésta se constituye en notoriedad superflua y vacía, pues, a propósito de agasajarla, se hace más un compromiso social que una acción efectiva que reconozca y realce su aporte a la sociedad.
Para nadie es sorpresa el enterarse de estadística vinculada a la violencia que sufre el género femenino en Bolivia, que además de ir in crescendo, se sabe que las soluciones no vendrán desde el ámbito jurídico, pues a pesar de los abrazos, cariños, piropos y cortejos que reciben algunas mujeres, podríamos afirmar que prácticamente todas sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de su vida, al menos conforme al artículo 7 De la Ley N° 348, que identifica por lo menos 16 diferentes tipos de violencia.  
Y no es solamente una violencia física, feminicida o psicológica, las que repugnantemente mancillan el vivir bien que se ha propuesto pseudo-filosóficamente la organización política que gobierna nuestra realidad hace más de una década; sino la instrumentalización del “factor mujer”, en una campaña política, en un incendiario discurso del politiquero de turno, la colocación de cargos en el sector público a propósito de lograr algo de gestión pública a nombre de las féminas bolivianas; verbigracia, el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero”.
El lector ya habrá deducido a esta altura de la lectura lo simbólico, utilitario y rimbombante del nombre institucional, de esa instancia gubernamental que, según la normativa que dio lugar a su creación, el D.S. N° 3774 de 16 de enero de 2019, tiene la finalidad de monitorear, realizar seguimiento y evaluar el cumplimiento de las políticas públicas hacia la despatriarcalización a favor del ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres; promover la erradicación de todo tipo de violencia y formas de discriminación contra la mujer.
Como se puede inferir, en la mayoría de las reparticiones del Órgano Ejecutivo, se enarbola el precepto de políticas públicas y las acciones a seguir al respecto: monitorear, realizar seguimiento, evaluar. Sobre lo referido, y dados los escasos resultados logrados, es válido afirmar que no se ha logrado un impacto relevante en tal cometido, y se esta muy lejos de comprender el significado de una política pública, su ciclo, gestión, reconducción y mucho más aun su evaluación. Por ello, es una pena que recursos económicos, sean derrochados en mantener personal leal a la sigla azul, en vez de reconducir esos recursos para cambiar la vida de las mujeres en situación de calle, niñas abandonadas o dejadas a su suerte por progenitores irresponsables, o en sumo grado mejorar las condiciones en la que realizan sus actividades los Servicios Legales Municipales – SLIM’s.
Un detalle no menor, es que esta institución que procura despatriarcalizar el país y promover derechos de las mujeres, nació de la costilla de una institución técnica que también fue cooptada políticamente: el Servicio Estatal de Autonomías – SEA, que tuvo que ver suprimida parte de su estructura para dar lugar a la sostenibilidad económica del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero” ¿Cómo sucedió?, pues en el precitado Decreto Supremo, se aprobaron modificaciones presupuestarias y se terminó alterando el Decreto Supremo N° 802, que establecía la estructura organizacional del SEA, reduciendo esta instancia a una oficina de recopilación de información y de gestión de dudas en la gestión pública multinivel. Fue, en definitiva, una de las últimas estocadas a la alicaída implementación del modelo autonómico en Bolivia.
De este modo, los derechos de las mujeres no solo no se promovieron, sino que se restó capacidad institucional a una instancia llamada a validar el modelo autonómico y gestionar el desarrollo de competencias que escasamente se entendieron en los distintos niveles de gobierno en el país, en otras palabras se eliminaron oportunidades autonómicas de escala nacional, para favorecer cargos en la centralidad estatal anclada en La Paz, específicamente en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que es la cartera que tiene bajo su tuición al Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero”.
En el aniversario del movimiento que se generó a partir de la muerte de 129 mujeres en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, se debe tener claro que no es un gabinete u oficina donde se harán valer los derechos de las mujeres, ya que como toda transformación que sea real, debe darse a partir del motor educativo del país, de forma transversal y coherente; caso contrario seguirá usándose a la mujer como excusa de aquello que en realidad ensombrece su realidad: la difícil situación de ser mujer en Bolivia.