Dentro de la mitología precolombina americana encontramos la leyenda del pueblo venezolano Pemón, que resalta por el relato de los makunaima, donde el sol personifica a un indio que se dedicaba a desbrozar la montaña y quemarla para sembrar su alimento favorito: el ocumo, una especie de tubérculo propio de la región. En la historia nos encontramos con la búsqueda de compañera por parte del indio-sol, de la mujer que acompañe sus días; donde la necesidad de pareja no lo alejará de su trabajo de quemar montaña para proveerse el comestible deseado.
Haciendo una analogía con la dramática situación de la chiquitanía boliviana que se amplifica al amazonas sudamericano y la consuetudinaria manera de justificar las actividades rurales en nuestro país, debemos resaltar que no es una novedad el proveernos agricultura vía destrucción de ciertas zonas naturales, me refiero a esos chaqueos que son más indiscriminados de lo que uno cree y que la normativa boliviana intenta contener ingenuamente en Decretos Supremos, que al ser actos ejecutivos de gobierno implican una responsabilidad directa hacia los firmantes del mismo. Utilizando verborrea jurídica se alude a calificativos como “sustentable”, “quemas controladas”, que procuran –pero no lo consiguen –salvar la situación y al actor político, en este caso al presidente.
La realidad es contundente y descarnada cuando el mandatario boliviano defiende: “No quisiéramos chaquear en el oriente boliviano ni en el monte virgen, pero si no chaqueamos ¿de qué vamos a vivir?”, frase pronunciada el año 2015 durante la promulgación de la Ley N° 755 de gestión integral de residuos; palabras que pasarán a la posteridad como la confirmación de la hipocresía gubernamental que no crea condiciones para vivir bien en nuestro Estado, conforme a su paradigma ético-moral establecido constitucionalmente en el artículo 8.I.
No podemos reducir a una falsa dicotomía los problemas estructurales de una sociedad, como es el caso de nuestra seguridad alimentaria, es decir, terminar creyendo que si no chaqueamos no comemos como única fórmula de gestión, es caer en una falacia argumentativa que debería ofender nuestro espíritu democrático o por lo menos nuestro sentido común. Puesto que no necesariamente es así, y priman los intereses personales es mejor mirar a otro lado y creer que es cierto; pero y ¿el medio ambiente? Pues sendos discursos se han construido a partir de la pachamama, sus apócrifos guardianes esgrimieron normatividad como la Ley N° 300 e incluso llegaron a establecer la Ley N° 700 que introduce el biocidio como un nuevo tipo penal. Una conclusión evidente es que el derecho no cumple la función de prevención ni mucho menos y que el actor político subestima a los gobernados y electores al simplificar una problemática de estas dimensiones.
En la leyenda narrada al inicio de estas líneas, el indio-sol procesa una a una a las mujeres que se le van presentando, desde una mujer hecha de tierra, a otra hecha de cera, para quedarse con una hecha como de piedra, que no era un solo objeto solamente, sino muchas cosas a la vez; ¿qué criterio determinó que se quedará con esa mujer? La coexistencia, la experiencia de compartir hábitos cotidianos que le demostraran la fortaleza y la complementariedad para el trabajo cotidiano del indio-sol. Cabe realizar el parangón con la efectividad de las acciones de nuestro gobierno, si estas son parte de la expiación de nuestras pasadas y malas decisiones al elegirlo una y otra vez después de la convivencia democrática legalizada vía urnas.
Nuestra rutina democrática como ciudadanos ya debería habernos alertado sobre la soberbia y doble cariz de nuestro gobierno, de la rosca formada a partir de los intereses sectoriales que no complementan nuestros anhelos, sino que se afianzan en agendas particulares muy ajenas al denominado y siempre justificable bienestar público. De este modo, el fuego que consume nuestra naturaleza no limpiará los tropiezos gubernamentales, si somos conscientes y somos capaces de ver el alcance de este desastre ecológico, podremos al menos construir una oposición legislativa que sea el pie de inicio hacia validar la legitimidad sobre la legalidad construida desde la normatividad del Estado.