Cierren la Asamblea Legislativa Plurinacional

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No cabe duda de que una de las instituciones más cuestionadas en toda época crítica suele ser un Parlamento, un Congreso o en nuestro caso la Asamblea Legislativa Plurinacional. No es que sea una tendencia eminentemente latinoamericana, pues en Europa también existe desconfianza por parte de la ciudadanía hacia sus legisladores, como en el caso español, cuando los partidos del PP y del PSOE se enfrascan en sus ambiciones antes que en su trabajo legislativo. Otro didáctico ejemplo es la suspensión temporal del parlamento en Reino Unido más allá de unos cuantos días como se acostumbraba desde 1980; cuando su primer ministro Boris Johnson la propuso y ejecutó el 2019, con la venia de la reina Isabel II, ¿por qué? Porque se precisaba gestionar políticamente una decisión controversial: dejar con escaso margen de maniobra a la oposición para buscar recursos legislativos que eviten un brexit duro.

En nuestro país, es rescatable la iniciativa del escritor, periodista e investigador Moisés Alcázar que a través de su obra Drama y Comedia en el Congreso(1957), presenta un detalle de los Congresos y Asambleas en Bolivia entre 1825 – 1956, con anécdotas de algunas sesiones camarales, entre las que destaca la sesión donde el Mariscal de Zepita, Andrés de Santa Cruz, fue vilipendiado como “Parricida de la Patria», «insigne malhechor» por parte de sus detractores, usando el espacio legislativo para socavar la honra del alicaído benefactor de la causa boliviano-peruana. No queda lejos ni mucho menos pequeña, la anécdota relatada por el escritor, político e historiador Alcides Arguedas, en su cuestionable Pueblo Enfermo (1909), cuando en una sesión del entonces congreso boliviano, un diputado se quejó ante el pleno –que debatía una ley económica –por no haber recibido en su casillero el borrador del proyecto de ley sobre la oferta y la demanda, por lo cual, en su criterio, debería anularse la sesión hasta regularizar ese olvido administrativo.

En Bolivia, nuestra forma de entender la ley siempre fue curiosa y pintoresca, puesto que, nos sentimos impermeabilizados ante toda evento o hecho que procure regular nuestra conducta en sociedad, siendo más bien la viveza criolla la forma en la que lidiamos con cualquier imposición o yugo normativo. Pero cuestionar la institución porque los seres humanos a su cargo no responden al deber ser constitucional, sino más bien a sus apetitos personales, es pues ser simplista o no reconocer que la base institucional de toda democracia es su ente legislativo, que responde a dos razones básicas para justificar su existencia: a) es la instancia de representación popular de las distintas fuerzas políticas que en el caso boliviano se materializa en tres posibilidades, acceder al legislativo a través de un partido político, una agrupación ciudadana o un pueblo indígena originario campesino  y b) es el contrapeso material y sustancial del órgano ejecutivo que ante la dinamicidad de sus características suele mostrarse como la única parte visible del Estado.

 

Es mayúsculo el descrédito de los asambleístas que no es para nadie sorpresa el burlarse de ellos, aunque esa sátira desnuda las falencias del sistema mismo, que reproduce el abuso a partir de las prerrogrativas establecidas en sus reglamentos.

 

No hay una receta para lograr el éxito institucional de una Asamblea Legislativa, mucho menos si lleva como apelativo “Plurinacional”, pues los pareceres políticos serán tan variopintos como exultantes en demostrar poder sobre otros órganos, personas o instituciones. Sin embargo, hay una constante que debe seguirse para resguardar la credibilidad de la misma, y esta es no perder su espíritu deliberante, es decir, discutir ideas, propuestas, argumentos que mejoren la razón de ser de las leyes; cuando se carece de este elemento, el legislativo es un cuerpo sin alma que se enajena ante los deseos politiqueros de circunstanciales asambleístas. Sumado a ello es menester profesionalizar la burocracia que acompaña a los legisladores, no se malentienda con requerir de las personas que ingresan al servicio público, un título en tal o cual profesión, es lo de menos dada la calidad de enseñanza superior que posee nuestro país; me refiero al hecho de exigir profesionales en sentido concreto, que se hayan especializado en temáticas como la técnica legislativa, la producción normativa, el análisis, interpretación o argumentación constitucional, pero sobre todo con pensamiento crítico y vocación de servicio. Puede sonar correcto oír sumarse a las voces que exigen un cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no obstante, mucho mejor es plantear propuestas de transformación de ese órgano del Estado, o ser exigentes como ciudadanos al momento de votar por cual o tal candidato que sonríe en su gigantografía pero no se acerca en lo mínimo al perfil del legislador que Bolivia espera o necesita.

 

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