Uno podría creer que el destino no se ensaña con una persona o un Estado más de tres veces, sin embargo, varias personas o trayectorias históricas adolecen de un derrotero golpeado por infortunios que parecen novela de Televisa, y no parte de la realidad. Es el caso de Bolivia y su relación con los recursos naturales que han hecho que suframos la historia, y no que la vivamos partiendo de ser la cotizada entre las naciones por el grado de riqueza que podía extraerse de ella –ya sea plata, estaño, petróleo, gas, piedras preciosas, biodiversidad o como sucede ahora la promesa del litio– hasta quedar como la rezagada en desarrollo humano.
De este modo se ha configurado un escenario por demás ambicioso en el plano internacional en lo que respecta a la energía del futuro y el anhelado cambio de matriz energética a partir del denominado oro blanco, impactando en una lucha de poder, tras bambalinas, que deja mal parada a la posición boliviana en cuanto al beneficio trascendente de este recurso natural estratégico. Existe la explotación del borato de sodio, pero no se tiene certeza sobre la explotación directa del litio pues el procesamiento e industrialización de este recurso depende de factores ajenos a las buenas intenciones, como se pudo constatar en 2018, cuando la empresa alemana ACISA, se hizo con un contrato exclusivo para explotar el litio, beneficiando a la industria germana de la electromovilidad, por demás urgida en este metal. En 2020, el Gobierno transitorio de Bolivia anuló esa iniciativa y así quedó en incertidumbre el proceso de apuntalar la economía nacional a partir de otra materia prima que no sea el gas o de reconducir la explotación de los excelsos yacimientos de litio del Salar de Uyuni.
Existe una irresolución notable en torno al litio, puesto que, junto a Chile y Argentina, Bolivia es el otro protagonista de este triángulo de interés económico, con la diferencia latente de que nuestro país tiene las mayores reservas de mundo, a la vez que posee inseguridad institucional en términos políticos. Sumado a ello están las taras sociales que arrastramos desde la fundación de la República, entre las cuales las más dañinas son el patrimonialismo junto a la empleomanía. Ambas pueden rastrearse hasta la época colonial y su impacto en el Estado es tremendo dada la corresponsabilidad que existe entre sociedad e institución gubernamental. Para ejemplificar esto: en 2017, mediante la Ley N° 928, se creó YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos) como empresa pública estratégica, una instancia más para generar empleos para adeptos de una línea política en vez de priorizar la formación de capital humano vinculado a la energía –por el momento, la Universidad Católica de Bolivia, solamente en su regional Tarija, posee la carrera de Ingeniería en Energía– lo que demandaría un compromiso y vinculación entre sistema universitario y Estado. Dadas las vigentes denuncias de tráficos de influencias en la cartera ministerial de Educación, el problema es cancerígeno en la moral de los denominados servidores públicos.
Como ya lo dijo el ensayista y diplomático mexicano Octavio Paz en su obra El ogro filantrópico (1979) “Si cada uno es el rey de su casa, el reino es como una casa y la nación como una familia. Si el Estado es patrimonio del rey ¿cómo no va a serlo también de sus parientes, sus amigos, sus servidores y sus favoritos?” Como se puede colegir, ese afán de usar lo colectivo como propio destruye el sentido mismo de la convivencia en común, lo que en el caso del litio es mayúsculo dado que implica otro recurso por demás vital: el agua.
De este modo, muy a pesar de lo que pueda creerse, el litio es la respuesta esencial ante la demanda creciente mundial, pero a la vez su explotación implica una extracción que no es limpia. Ante ello, ¿quién de los tres Estados sudamericanos terminará siendo el rey del litio a costa del líquido elemento que sirve para subsistencia de su población? Las respuestas suelen venir matizadas de tecnicismos vinculados al conocimiento ingenieril, tratando de maquillar los impactos reales en el frágil ecosistema ligado a los salares, sin embargo, al amparo del artículo 241 de la Constitución Política del Estado y de la Ley N° 341 de Participación y Control Social, debería procurarse efectivizar la información, participación y control social de este recurso capital –el litio– junto al agua que es considerada por nuestra Constitución como derecho fundamentalísimo.
De no hacerlo, el precio de omitir estos temas en la coyuntura política lo pagará la naturaleza y la sociedad ingenua e indolente acerca de esta temática, que cree que con el asistencialismo derivado de la explotación del litio se beneficiará plenamente de aquello que por el momento sigue siendo una promesa.
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