Uno de los conceptos que sirven para juzgar al poder político, desde la disciplina de la ciencia política, es sin duda el de legitimidad, entendiéndose por ésta, en palabras sencillas, a la conformidad, aceptación u obediencia que sigue la ciudadanía hacia sus gobernantes, con el ánimo de llevar adelante una gestión de gobierno adecuada.
No obstante, suele confundirse legalidad con legitimidad, cerrándose su comprensión en términos de que mientras no se contradiga el principio
normativo estipulado en las leyes, el gobernante obrará en derecho y razón. Afirmación errada y tendiente a la disolución de la armonía entre Estado y
sociedad. Tomando como ejemplo al jurista, filósofo y politólogo italiano, Norberto Bobbio, deduzcamos los dos significados que debieron haber
importado en la decisión tomada por Jeanine Añez, al aseverar que se presentará como candidata a la presidencia: a) en primer término, la legitimidad como sinónimo de razonabilidad o justicia, sometiendo a crítica toda actitud asumida por el poder político, es decir, quien ostenta la representatividad y voluntad de la ciudadanía y b) la legitimidad como atributo del Estado, el mismo que sería requisito para que el compromiso gobernados-gobernante no se vea alterado y produzca un escenario de rebeldía.
En ambos casos, el criterio será político antes que legal, es decir, las razones de la decisión del gobernante obedecerán a ¿qué quiere lograr al asumir tal o cual decisión? Pues, se construye y se destruye la legitimidad cuando solamente se sostiene en la legalidad, ya que por sí misma es insuficiente para que se sostenga un gobierno, una decisión o una proyección de capital político.
En el caso que nos ocupa, la presidenta en ejercicio, Jeanine Añez, llegó al poder en un clima de inestabilidad institucionalidad y desobediencia civil que terminó liquidando la escasa legitimidad que aún poseía el MAS, siendo así la situación, la presidente Añez testificó ante los medios de comunicación que no iba a presentarse a las elecciones bolivianas del 2020, sumado a ello, la implícita pre-campaña electoral que se inició con la posibilidad de seguir saboreando las mieles del poder, ante el impulso del hashtag “y si fuera ella”.
Se suele invocar la legalidad de los actos públicos, cuando también debe importarnos la legitimidad y la opinión pública.
Nos encontramos ante un escenario de querer y deber, siendo que el derecho y la legalidad coadyuvan a justificar el querer o la pretensión, mientras que la legitimidad aporta la solidez, eficacia y preponderante validez que le otorga el ciudadano a una decisión política. No quiere decir esto que la flamante candidata no lo merezca, o no vaya a salir favorecida por el apoyo ciudadano en urnas electorales, sino que aportará aún más a la fragmentación del voto útil, que se necesita para garantizar gobernabilidad y estabilidad institucionalidad. Además, que la coherencia es el complemento a la ecuación política que se analiza en la coyuntura boliviana actual. Adjetivo que debe abrir la puerta a la constitucionalidad del acto, por ello es que el primer significado de legitimidad tiene que ver con la razonabilidad, la cual se exigirá al momento de emitir un criterio constitucional sobre la decisión de la presidente. Dicho criterio emergerá de la interpretación –la cual siempre se halla bajo sospecha –pero permitirá seguir con la vigencia de los actos públicos de nuestro actual gobierno.
Lo que preocupa es el efecto del segundo significado de legitimidad, el relativo a la naturaleza del Estado, ya que faltando ésta, se advierten tiempos de
zozobra antes que, de plenitud, puesto que la importancia de la legitimidad se evidencia en el día a día, la formación de una opinión pública y sobre todo la credibilidad del proceso electoral boliviano que ya se vio cuestionado por la selección de ciertos vocales en los Tribunales Electorales Departamentales.
Por ello es que vale la pena recordar al escritor, militar y filósofo francés Francisco VI, duque de La Rochefoucauld, quien afirmaba que, para el hombre ambicioso, el buen éxito disculpa la ilegitimidad de los medios. No vaya a ser que por creer que la ley basta, nos quedemos sin el consenso vital en la Bolivia que se procura reconstruir para pasar del Estado aparente a un Estado real y efectivo. Y no crea el lector que el machismo mueve la crítica, al contrario, usar ese argumento demostraría la intencionalidad de disfrazar la ambición de asumir 5 años más, el destino del país. De este modo, no sería el machismo el que reclama hoy a la primera autoridad del país, sino más bien la congruencia y la ciudadanía legitima.
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