<strong>¿Qué es una intromisión señores de Cancillería?</strong>

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En un célebre libro del filósofo político y teórico de las relaciones internacionales, Hedley Bull, denominado Intervención en la Política Mundial(1984), se afirma que “La intervención en una concepción clásica ha sido definida como la interferencia por parte de un Estado soberano, un grupo de Estados o una organización internacional, que involucra la amenaza o el uso de la fuerza o de algún otro medio de presión, en la jurisdicción doméstica de un Estado independiente en contra de la voluntad o los  deseos de su Gobierno”. No obstante, este ponderable concepto de la ciencia de las relaciones internacionales, parece que nuestra cancillería gusta de manifestarse chabacanamente en cuanto a sus comunicados y alocuciones se refiere, como pudimos corroborar en la reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores a propósito del informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos en el cual se examina la situación de los derechos humanos en unos 198 países y territorios del mundo, aunque no de ese país.

De forma concreta, el comunicado de cancillería usa la palabra “intromisión” como si se tratara de una categoría propia de las ciencias sociales o específicamente de las relaciones internacionales. Al parecer no afectaría en nada usar una palabra u otra, sin embargo, se debería considerar la relevancia de nuestra imagen país a nivel internacional, tomando en cuenta la constante abstención de Bolivia para condenar a Rusia por la agresión bélica contra Ucrania. Como se puede corroborar en cualquier manual básico de diplomacia, relaciones internacionales o incluso en uno de nociones básicas de derecho, la precisión de las palabras acompaña una clara interacción estatal dentro de la comunidad internacional.

Tal vez el comunicado de la cancillería boliviana quiso referirse a la intervención, concepto que se halla desarrollado dentro del derecho internacional público y las relaciones internacionales, pero no sería adecuado realizar inferencias que no son solicitadas, solamente llamar la atención sobre el contenido de la intervención para comprender los alcances del informe anual del gobierno norteamericano.

Emitir un documento informativo, desde la institucionalidad estadounidense, con la regularidad con la que lo hace, solamente provocará malestar allí donde no se acepte el disenso, la crítica o la perspectiva distinta, considerando además que no se refiere el precitado informe, solamente sobre Bolivia, sino también sobre otras realidades estatales, mencionar asimismo, que si ese informe tiene un impacto mediático, es por la naturaleza del poder político que representa Estados Unidos en el mundo, a diferencia de cualquier manifestación de un país ajeno a ese nivel de influencia o trascendencia.

Académicamente, la injerencia en los asuntos internos de un Estado se entiende como perjudicial, ya que puede desestabilizar el orden de los países y avivar las luchas étnicas o civiles. En ese sentido, la regla de no injerencia anima a los Estados a resolver sus propios problemas internos y a evitar que se extiendan y conviertan en una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. En ese orden de ideas, el informe norteamericano podría haber sido ignorado y no hubiera pasado a mayores, tal vez como una noticia marginal ante las suculentas noticias que nos otorga diariamente, la clase política en Bolivia.

Al haber reaccionado como lo hizo, la cancillería incluso confunde las relaciones interinstitucionales con la salud de la democracia, el acceso a la justicia, el respeto y validez de los derechos humanos en Bolivia, puesto que al indicar que Bolivia mantiene excelentes relaciones con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ello en sí mismo, no representaría nada, sería más una forma y no un contenido. Incluso podría ser discutible considerando la audiencia pública que se llevó adelante en semanas pasadas a propósito del caso Brisa De Angulo Losada vs. Bolivia, donde la Procuraduría General del Estado se lució demostrando el poco tino al momento de realizar preguntas a una víctima del sistema judicial boliviano, desconociendo los alcances del sistema interamericano y los fines que se persigue al respecto.

Por último, al manifestar que es una intromisión señalar las observaciones sobre el proceso que enfrenta la Sra. Jeanine Añez, no hace sino justificar de alguna forma que solamente el gobierno plurinacional en funciones tiene derecho a decir algo al respecto. Si en nuestro país se respetarán principios, garantías y derechos, no solo a la expresidenta, sino a cualquier boliviano, empezando con la presunción de inocencia y siguiendo estándares convencionales en todo proceso penal o civil que se lleve adelante, más allá del tinte político que le insuflan nuestros politiqueros de turno, ni seríamos objeto de señalamientos ni de críticas.

Considero que el desprecio por el conocimiento que demuestra día a día la gestión gubernamental que rige Bolivia, provoca que no se refieran adecuadamente a lo que tal vez quisieron señalar, es decir, posiblemente quisieron rechazar una “intervención política” por parte del gobierno norteamericano, no obstante, incluso formular ello requeriría justificaciones que nuestra cancillería esta lejos de comprender o pergeñar en el espíritu reactivo y sinsentido en el que conduce nuestra política exterior.

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