Una de las características del Estado Constitucional de Derecho – característica o atributo de nuestro Estado en el cual estamos conforme lo señala el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme a la SCP N° 0112/2012, de 27 de abril – es la validación de las normas constitucionales principio como imperativas y superiores a cualquier regla dentro del ordenamiento legal boliviano.
Por ello, cuando se manifiesta una situación como la que enfrentó el humorista Raúl Cuenca el pasado 18 de mayo, cuando intempestivamente fue detenido por aparentemente “usurpar funciones”; podemos establecer sin lugar a duda de que la realidad jurídica del país es una en el papel y otra en la materialidad práctica. Aunque el mandato jurisprudencial señalado, sea tan claro respecto a la tutela de principios, valores y garantías de la ciudadanía en general.
No existe justificación para la aprehensión del ciudadano Cuenca que como comediante, adopta y encarna a varios personajes de nuestra realidad concreta, entre ellos a un policía. No obstante, tanto la institución verde olivo como los mismos servidores públicos policiales, parece que no comprenden la “transformación constitucional” que habría acontecido en el país, pues operan en un sinsentido de mando y obediencia sin que medie la oportunidad de pensar la realidad.
Ahora que ya pasó el suceso, y el humorista recuperó su libertad, parece que fuera una raya más al tigre, dentro del conjunto de exabruptos que suelen cometer servidores públicos plurinacionales, pero el hecho tuvo un efecto replicador pues la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHpDA) actuó de oficio en este caso contra la Policía Boliviana demandando a la Policía Boliviana.
La respuesta institucional de la Policía Boliviana fue procesar a los servidores públicos policiales involucrados en el arresto falaz, medida insulsa, pues la misma institución permitió que se efectúe una orden incongruente, que además de conculcar derechos humanos de particulares, genera cuestionantes sobre la formación de nuestros oficiales del orden. ¿acaso no llevan nociones de derecho los oficiales que se forman para ser policías?, asimismo, ante tantas peticiones realizadas contra el Estado Boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto el nivel central como la propia Policía Nacional, ¿no tienen el cuidado y pertinencia para obrar conforme a derecho y preservar nuestras garantías y derechos humanos?
Para no lamentar la interminable sucesión de atropellos que suelen cometer en contra de ciudadanos cada cierto tiempo, recordemos que la Constitución Política del Estado determina claramente en su artículo 252, que la institución policial depende directamente del presidente del Estado y que el ministro de Gobierno funge como intermediario en esta responsabilidad jurídica, entonces más allá de prometer investigaciones y procesamientos contra los involucrados en la afrenta al ciudadano que se dedica al humor, tanto el presidente del Estado como el ministro correspondiente, deberían – seriamente – efectuar un cambio real en la policía nacional.
Dicho cambio no debe ser persecutorio de quienes, usando nuestros derechos, trabajamos, nos expresamos libremente debido a nuestros oficios u ocupaciones, sino, en sentido de ejecutar una validación de quienes ya ejercen de policías, independientemente si son oficiales o suboficiales, pues solamente pidiendo seriedad en su trabajo a la institución policial, podremos tener alguna certeza de la eficacia de sus oficios. Obviamente, esa búsqueda de mejora no debe hacerse desde la misma Policía o el ente administrativo del Ministerio de Gobierno, sino desde alguna de las reparticiones de presidencia – el Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental, por ejemplo – aunado a la sociedad civil, para transparentar el proceso, pues no hacerlo así, será repetir situaciones como las acontecidas en contra de la dignidad del comediante Raúl Cuenca.
Puede sonar a petición utópica o desajustada de la interpretación que hagan los funcionarios estatales al respecto, pero ya raya en lo risible el proceder de varias de nuestras autoridades, entre las cuales uno esperaría mayor ubicación y criterio en la institución encargada del orden interno de Bolivia, ya que como la sociedad palpita día a día, hay mayores problemas vinculados a la seguridad ciudadana, que comediantes haciendo escenas con personajes policiales.
Además, haciendo uso de mi derecho a libertad de pensamiento y expresión, invocó el artículo 13 de la CADH – comúnmente denominado Pacto de San José – ratificado el año 1993 en contenido y extensión por la Ley Nacional N° 1430, para recordar a los servidores del Estado, que vivimos en una democracia que aunque débil, está constituida en leyes y que por las funciones que detentan, deben en su trabajo e interacción con nosotros, la ciudadanía, cumplir fielmente estos mandatos normativos, no pretendiendo usar el derecho penal para imputar o procesar lo que no corresponde.
Recuerden señores funcionarios del Estado, que la responsabilidad por la función pública comienza en el orden administrativo y de allí será escalable hasta lo civil, penal o ejecutivo, ya que más allá de sanciones internas o locales, además generarán responsabilidad internacional hacia el Estado Boliviano, que ya está hasta el cuello de tanta demanda internacional que reclama derechos humanos.
