Cada vez que un servidor público del Estado interviene en la opinión pública, suele pasar desapercibido o, por el contrario, causar revuelo, por lo gravitante del tema o porque raya en lo absurdo o controversial. Sin embargo, lo anterior, cuando una autoridad de un área estratégica como la de autonomías, en este caso la vigente…
“Aceptamos el principio (federalista) como verdad comprobada, pero en sus detalles tengamos a la vista nuestros recursos, nuestro pasado, nuestras necesidades y demás condiciones sociales para que la ley tenga aplicación práctica y realice la aspiración general de armonizar el orden con la libertad evitando el despotismo y la anarquía. Evitemos el derroche de los fondos fiscales; evitemos que el Ejecutivo celebre contratos leoninos en los que por miserables primas se vende el provenir de la patria; evitemos la degradación de los funcionarios públicos cuando dependen de la voluntad de un hombre autoritario e ignorante” Adolfo Mier.
En puertas de las elecciones subnacionales, es difícil encontrar candidatos que se explayen en su conocimiento de lo que el Estado boliviano es y mucho menos la dinámica multinivel en la cual se mueven alcaldías, gobernaciones, el nivel central del Estado y cualquier otro esquema de administración territorial, como la autonomía regional del Gran Chaco,…
La autonomía en Bolivia podría gozar de buena salud si recuperamos su institucionalidad, si sopesamos lo realizado hasta ahora y para ello realizamos el seguimiento de uno de pilares de la gestión autonómica en Bolivia, me refiero al Servicio Estatal de Autonomía – SEA, que en estos escasos siete meses procura renacer como el fénix y autonomizar Bolivia
La mayoría de los autoproclamados intelectuales que enseñan derecho fuera de ese establishment son conservadores que mantienen vivas las estructuras reaccionarias de hace setenta años o personas sin intereses teóricos fuertes, lo que produce conflictos cuyo resultado perjudica a la población antes que a los políticos
…es un principio de derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno.
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