No hay combustible, pero sí palabras: la crisis retórica de Rodrigo Paz

Bolivia atraviesa, otra vez, la misma escena que ya deberíamos conocer de memoria: filas de vehículos varados bajo el sol, camioneros durmiendo en la cabina esperando un diésel que no llega, microbuses operando apenas al 40% de su flota en Santa Cruz y ciudadanos haciendo malabares logísticos entre el trabajo y una gasolina que se esconde. Frente a esa realidad, el Gobierno de Rodrigo Paz ha respondido con lo único que, por ahora, parece abundar en Palacio Quemado: discursos, disculpas y una retórica que fluye con más soltura que los surtidores del país.

“Me disculpo por algunas cosas que tal vez no están saliendo tan rápido como quisiéramos”, dijo el presidente en Yacuiba, admitiendo que el combustible “es un dolor en el pecho”. Pocos días antes, en otro acto público, culpó al MAS con una frase que ya es antología de la política boliviana: “Nos mintieron, nos robaron y nos generaron falta de combustible”. YPFB, por su parte, insiste en que el problema no es de escasez sino “logístico”, que hay millones de litros en Senkata esperando descargarse. Cada actor tiene su relato. Lo único que no tiene el ciudadano de a pie es combustible.

El poder de la palabra sin el poder del hecho

Carl Schmitt advertía que la esencia de lo político no está en el discurso, sino en la capacidad de decidir en la excepción, de asumir la responsabilidad del mando cuando la normalidad se quiebra. Un gobierno que gobierna solo con explicaciones, sin resolver la causa material de la crisis, no está ejerciendo soberanía: está administrando la narrativa de su propia impotencia. Y esa es, precisamente, la trampa en la que ha caído la administración de Paz. Cada semana hay un culpable nuevo —los bloqueos, los protocolos de calidad, las “mafias” de desvío de combustible, la herencia del MAS— pero nunca hay una fecha de solución. El propio ministro de Hidrocarburos lo reconoció sin pudor: “No tengo una bola de cristal para ver qué va a pasar”. Cuando un ministro de Estado renuncia públicamente a la previsión, no está siendo honesto: está confesando la abdicación de su función.

Max Weber distinguía entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. El político que solo se guía por la primera se conforma con tener razón en el discurso, aunque el país se hunda en la práctica. El que asume la segunda responde por las consecuencias reales de sus actos, no por la elegancia de sus justificaciones. Paz ha elegido, sistemáticamente, la primera vía: pedir disculpas, prometer que “vamos a meter duro”, anunciar que las mafias serán derrotadas, mientras Bolivia entera sigue midiendo el tiempo en horas de fila. La ética de la responsabilidad exigiría algo mucho más incómodo: explicar por qué, a diez meses de gestión, el problema estructural de los hidrocarburos —producción, refinación, divisas, contrabando— sigue intacto detrás de cada comunicado.

Maquiavelo y el príncipe que no decide

Ya lo escribí hace unos meses a propósito del estado de excepción: Maquiavelo dedicó capítulos enteros de El Príncipe al peligro mortal de la irresolución. En el capítulo XXV sostuvo que “es mejor ser impetuoso que cauto”, y en el capítulo III advirtió que los males detectados a tiempo se corrigen con facilidad, pero que, ignorados, terminan creciendo hasta volverse incontrolables. La crisis del combustible es exactamente ese mal que se dejó crecer. No nació con Paz, es cierto —la heredó de una gestión masista que subsidió durante veinte años sin invertir en exploración—, pero un gobernante que decide gobernar hereda también la obligación de resolver, no solo la de señalar al antecesor. El príncipe indeciso no cae de golpe: se erosiona lentamente, disculpa tras disculpa, hasta que la ciudadanía deja de reconocerlo como autoridad capaz de ordenar la realidad.

Norberto Bobbio, en su reflexión sobre el futuro de la democracia, señalaba que el poder democrático se legitima no solo por el origen del mandato sino por su ejercicio efectivo: gobernar es producir decisiones verificables, no gestionar la opinión pública. Un decreto de más de 120 artículos que elimina la subvención a los combustibles —como el que promulgó Paz en diciembre pasado, calificándolo de “salvataje económico histórico”— puede ser jurídicamente impecable y políticamente valiente, pero si ocho meses después el diésel sigue sin llegar a los surtidores, el decreto se convierte en papel, y el país sigue haciendo cola.

El costo real de la retórica

Mientras el Gobierno afina el discurso, la economía real sangra. El transporte de carga pesada reporta camiones varados esperando diésel; el transporte interdepartamental redujo a la mitad sus frecuencias desde la terminal bimodal de Santa Cruz; camioneros cruzan la frontera para cargar combustible pagando entre 15 y 17 bolivianos el litro en el exterior, cuando en Bolivia debería costar una fracción de eso. En Roboré, una falla informática en un surtidor de YPFB dejó a viajeros y transportistas varados durante horas bajo temperaturas extremas, como metáfora perfecta de un aparato estatal que no logra ni la eficiencia técnica más elemental. El propio presidente de YPFB asegura que hay “seis millones de litros en Senkata” suficientes para abastecer el mercado, pero la brecha entre el discurso de la abundancia y la experiencia cotidiana de la escasez es, en sí misma, un síntoma de descomposición institucional.

Aquí conviene recordar a Guillermo O’Donnell y su noción de “democracia delegativa”: aquella en la que el presidente, una vez electo, se siente autorizado a gobernar según su propio criterio, sin rendición de cuentas efectiva ni horizontes de planificación firmes. Ese es el patrón que se repite: anuncios sucesivos de que “las filas están acabando”, “estamos estabilizando”, “estamos reordenando la patria” —frases que en noviembre de 2025 ya prometían una normalización que en agosto de 2026 sigue sin materializarse—. La delegación de confianza ciudadana se agota cuando el diagnóstico se repite sin que cambien los resultados.

La responsabilidad no se disculpa, se ejerce

Hay una diferencia jurídica y política elemental que este Gobierno parece no distinguir: pedir perdón no es lo mismo que responder. La responsabilidad política, como enseñaba Hans Kelsen al estructurar la teoría del Estado, no se agota en el reconocimiento retórico de una falla; se concreta en la imputación de consecuencias y en la corrección efectiva de la conducta estatal. Un presidente puede disculparse cien veces ante los micrófonos, pero si el litro de diésel sigue sin llegar a Roboré, a Yacuiba, a Santa Cruz o a El Alto, esa disculpa no repara nada: es únicamente un gesto comunicacional, vacío de eficacia jurídica y de eficacia material.

Bolivia no necesita más explicaciones sobre por qué no hay combustible. Necesita combustible. La ciudadanía ha escuchado ya el relato del contrabando, el relato de las mafias, el relato de la herencia del MAS, el relato de los problemas logísticos y el relato de la falta de una bola de cristal. Ha llegado el momento de exigir, no otro relato, sino el hecho consumado: cisternas descargadas, surtidores abastecidos, filas disueltas. Mientras eso no ocurra, seguiremos siendo testigos de un Gobierno que domina el arte de la palabra pero no el oficio de gobernar. Y ese, precisamente, es el diagnóstico más severo que se le puede hacer a un poder ejecutivo: no que le falte combustible, sino que le sobren palabras para no resolverlo.