Bolivia atraviesa, otra vez, una escena que la región conoce de memoria: un asesor sin cargo formal redactando decretos, un presidente que guarda silencio mientras arde el escándalo, y una mujer baleada que se convirtió, sin buscarlo, en la única voz dispuesta a nombrar lo que muchos ya sospechaban. “En este país no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Fernando Cerimedo”, dijo Nadia Beller desde la camilla, después de recibir tres disparos de sicarios disfrazados de repartidores en la puerta de un hotel en Santa Cruz. Cerimedo, el consultor argentino que asesoró a Javier Milei y luego se instaló en el círculo íntimo del Palacio Quemado, terminó imputado por tentativa de feminicidio, con 180 días de detención preventiva en Palmasola y un proceso paralelo por enriquecimiento ilícito. En el allanamiento de su vivienda aparecieron tarjetas que lo identificaban como “Asesor Principal del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”, cargo que el propio Ejecutivo se apuró a negar que existiera. Beller ya declaró que lo suyo no fue un episodio pasional, sino, en sus palabras, “un crimen de Estado”.
No hace falta imaginar una conspiración para explicar cómo Cerimedo llegó a intervenir en la redacción del Decreto Supremo 5515, la norma que habilita al presidente a ejercer funciones por medios tecnológicos estando fuera del país, como él mismo reconoció ante la Fiscalía, y a participar en reuniones de gabinete sobre combustibles y tierras. Basta con la desidia administrativa, o para ser generosos, con un dejar hacer que terminó convertido en método de gestión. El politólogo Jacob Hacker llamó a esto policy drift: una política pública que se transforma no por reforma deliberada, sino por la simple omisión de actualizar reglas ante circunstancias cambiantes. La inacción, decía, no es neutra, porque el vacío que deja termina beneficiando a quien tiene el interés y la agilidad de ocuparlo.
Un presidente que gobierna con silencios prolongados, sin delimitar quién ejerce qué función a su nombre, no está ejerciendo soberanía en sentido propio, sino administrando la comodidad de su propia ausencia. Beller lo entendió así cuando, después del ataque, exigió públicamente que Paz rompiera su mutismo: “No quiero pensar que va a consentir o que ve bien que su amigo y asesor personal haya querido matarme”. Ese silencio, mientras su antiguo hombre de confianza permanece detenido en Palmasola, muestra que no gobernar activamente el propio entorno también es una forma de gobernar, aunque sea por omisión.
Nicolás Maquiavelo dedicó el capítulo XXIII de El Príncipe a esta plaga cortesana, y sus palabras siguen siendo pertinentes: el mal de la adulación es “tan universal en las cortes” que el gobernante corre siempre el riesgo de ser engañado por quienes lo rodean, salvo que sepa elegir consejeros prudentes y darles licencia de decir la verdad, “pero solo cuando él lo pregunte, y no cuando ellos quieran”. El adulador que describía Maquiavelo no responde a una ideología sino a un interés, y funciona bajo una lógica que hoy resulta familiar en Bolivia: el jefe nunca se equivoca, el jefe es indispensable, y conviene tejer alrededor suyo un cerco de información que solo deje pasar noticias favorables.
La figura del cortesano con poder de facto tiene nombre propio en la tradición política que lo convirtió en sustantivo común: Rasputín, el místico que desde la corte de los zares decidía nombramientos y estrategias sin ocupar cargo formal alguno, amparado en la confianza de la zarina Alejandra Fiódorovna. Mario Vargas Llosa extendió el término a toda una estirpe latinoamericana, pensando sobre todo en Vladimiro Montesinos, el asesor de inteligencia que desde 1992 fue “el poder detrás del trono” durante el fujimorismo y que terminó preso por una trama de corrupción que su jefe formal, Alberto Fujimori, dijo desconocer hasta el final. El paralelo con el caso boliviano no resulta forzado: Montesinos operó desde el Servicio de Inteligencia Nacional sin cargo formal, y Cerimedo operaba como “asesor externo” que, según explicó en julio el entonces ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, “no le paga el Estado boliviano, no tiene una oficina, no tiene un estacionamiento”. Sin nombramiento no hay control efectivo, y sin control no hay manera de exigir responsabilidades cuando algo sale mal.
Como ya lo señalé al analizar otro episodio de nuestra política, citando a Giovanni Sartori, el poder embriaga, y esa embriaguez genera una ceguera selectiva que impide ver la realidad tal como es. Esa ceguera es, precisamente, el terreno donde un operador como Cerimedo encuentra espacio para actuar: mientras el mandatario cree controlar su propio relato, es el relato el que termina siendo administrado por otro. Lo que estas figuras comparten, más allá del siglo o el país, es que su cuota de poder nunca les cuesta nada a ellos y siempre termina pagándola otro: el ciudadano que vio cómo las opiniones de un asesor sin voto llegaron a decretos sobre hidrocarburos, la institucionalidad boliviana que ve normas de Estado discutidas fuera de los canales previstos, y, en el caso más extremo, la propia Beller, que puso el cuerpo al precio de haber estado demasiado cerca del poder sin ocupar un cargo que la protegiera.
Rodrigo Paz puede seguir apostando al silencio como estrategia, dejando que la agenda de gobierno absorba la atención mientras el escándalo se resuelve, o no, en los tribunales de Santa Cruz. Pero cuando la inacción se prolonga demasiado, deja de ser negligencia y empieza a parecerse a una decisión tácita de sostener el sistema que la hizo posible. Bolivia no necesita más explicaciones genéricas sobre cómo un consultor externo llegó a influir en decisiones de gobierno; necesita que las instituciones llamadas a ejercer control lo hagan, con hechos verificables, mientras el presidente sigue sin romper del todo su silencio.
