El 14 de enero de este año el flamante Director Ejecutivo a.i. del Servicio Estatal de Autonomías – S.E.A., Esteban Ortuño Casson afirmó que la autonomía en Bolivia se hallaba enferma. Cuánta razón en torno al tratamiento que se le dio a la temática autonómica en 14 años de gestión evista, donde el tema fue vilipendiado a partir de un manejo más político que técnico; construyendo una falsa idea de lo que significa autonomía, su implementación y aplicación en la desvencijada estructura estatal.
Sin embargo, el tema no acaba allí pues en tiempos de crisis como la que enfrentamos en esta lucha contra el Coronavirus – COVID 19, se vieron desnudadas las más bajas pasiones y ambiciones políticas de las autoridades subnacionales, demostrando entre otros aspectos, el total desconocimiento de las competencias autonómicas establecidas por la norma fundamental boliviana para los gobiernos autónomos municipales y departamentales; sobre todo, su escasa voluntad de coordinación y trabajo con el nivel central del Estado. ¿Debería sorprendernos esto?
En un país como Bolivia, donde el conocimiento y las razones técnicas siempre tuvieron que esperar en la antesala de las decisiones estratégicas y de índole prioritario, pues el fantasma polítiquero de querer figurar, ser él o la primera en manifestar una decisión de interés para todos, no debería sorprendernos, pues el hecho de que se haya dejado de lado el rediseño de las acciones gubernamentales desde los distintos niveles de gobierno, hacia la autonomía y su gestión desde las distintas competencias y facultades determinadas constitucionalmente, pone en evidencia el escaso o nulo criterio de nuestras autoridades subnacionales para encarar la pandemia hoy vigente en el mundo.
Es tan nefasta la forma de ejercer la autonomía por parte de los niveles subnacionales que raya en lo absurdo y genera un caos normativo en tiempos de crisis
Como ejemplo, vimos el irrisorio tino por parte de la presidente del Concejo Municipal cruceño, quien se tomó atribuciones por demás excesivas a su campo de acción, pretendiendo determinar acciones que se ciñen a lo que se entiende por un Estado de Excepción dentro del municipio cruceño; incluso pretendiendo ordenar al ejército y policía que hagan cumplir su ley municipal de encierro absoluto: lo que se critica no es el tipo de medidas, que podrían estar entre las más prudentes, siendo que ahora estamos en una cuarentena total; sino el hecho de querer imponer, discrecionalmente, acciones que no le competen y de la forma más improlija, constitucional y autonómicamente hablando. Sumado a ello la disposición de abrir ciertos días algunos mercados y en horarios que ella dispone, si bien argumentando que es una competencia exclusiva la materia de mercados, este tipo de disposiciones no se enmarcan en la línea sanitaria establecida por el nivel central del Estado, que ante todo se rige por la materia competencial y políticas de salud.
Recuerde, el amable lector que este tipo de disonancia normativa desde los niveles subnacionales no es novedad ni exclusivamente evidente en Santa Cruz de la Sierra, lo vimos también en la ciudad de Oruro y de Cochabamba; lo cual debe ponernos en alerta respecto a qué se entiende por autonomía en las Entidades Territoriales Autónomas, qué importancia se le da al estudio del derecho autonómico en nuestras universidades y como los abogados ya existentes se preocupan por comprender esta rama del derecho que ha calado hondo en la gestión gubernamental de nuestro país a partir de la vigencia de la actual Constitución.
Tuvimos que esperar a que una pandemia global se manifestara para apuntalar el criterio del actual Director Ejecutivo del S.E.A., se ha enfermado a nuestra autonomía y eso por la dejadez y manipuleo político a la que se la sometió, basta con recordar que la normativa del nivel central del Estado fue re-centralizadora y en muchos aspectos invasiva de las competencias subnacionales, o también el hecho de haber eliminado de un plumazo el Ministerio de Autonomías convirtiéndolo en un accesorio del Ministerio más político dentro de la estructura estatal boliviana: el Ministerio de la Presidencia.
De este modo, pasamos de un problema institucional a uno personal, que en el caso de nuestras autoridades subnacionales ya se convirtió en un cáncer de caprichos que no se ciñen a lo que debería ser en derecho sino a lo que se les ocurra por aparecer en medios haciendo algo. Se debe procurar ejercer responsablemente el servicio público y no conforme a la improvisación. Queda claro que hay mucho por reconstruir institucional, normativa y educacionalmente. Caso contrario, no será la pandemia la única que nos acechará sino el desenfreno de un Estado que no termina de nacer con la visión que fue proyectado: la autonomía como forma de organización, gestión y administración de la cosa pública.
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