La gestión pública se caracteriza por tener una dinamicidad distinta a la que podría interpretarse de la gestión privada en el plano económico, sin embargo, si algo vincula una con la otra es la capacidad de decisión que se asume para lograr resultados de interés colectivo en el caso público, y de interés privado en el segundo, haciendo de la gestión un medio para un fin, el cual debe ser apreciable, medible, proyectable y criticable, claro está, con el ánimo de procurar la mejora de las acciones o actividades que implican dicha gestión.
Hay, sin embargo, una notable diferencia que involucra la responsabilidad de propios y extraños, en concreto, la responsabilidad emergente de las acciones y decisiones en el sector público, las cuales tienen un impacto para todos, verbigracia, a propósito del foro municipal “Retos de la gestión hacia el Desarrollo Sostenible”, realizado entre el 8 y 9 de septiembre pasado en la ciudad de Tarija. Al respecto, ya va quedando en el olvido el mandato legal de la Ley Marco de Autonomías, que en su artículo 124 determina la convocatoria que debería realizar el presidente del Estado, para activar el denominado Consejo Nacional de Autonomías (CNA), el cual tiene como miembros a las autoridades de los cinco niveles de gobierno de Bolivia y no solamente al nivel municipal.
En el precitado foro municipal, vale la pena recuperar las palabras de la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, con relación a la exmandataria Jeanine Áñez: “hay que empezar a marcar diferencias y hemos dicho en su momento que hubo una gestión temeraria (encabezada) por el exministro Murillo y también López”. Pues una forma de ser responsable y marcar una diferencia con la ciudadanía boliviana sería solicitar, por no decir exigir, la convocatoria al CNA, para abordar temas álgidos ahora que los presupuestos se están planificando para la siguiente gestión, que se hizo recortes presupuestarios, que tenemos en un futuro cercano un censo nacional, entre tantos otros temas en medio de la crisis sanitaria a traviesa el mundo.
Por ello, no es una gestión temeraria, solamente, cuando alguien más gobierna por uno —como hace ver la Alcaldesa alteña—, sino cuando a pesar de tomar las decisiones la persona en el cargo no las hace conforme al deber constitucional, legal e incluso teleológico, es decir, procurando cumplir los fines de un gobierno: servir a su sociedad, cumpliendo principios establecidos como el de funcionalidad, declarado en el artículo 12.I. de la vigente Constitución boliviana, a través de la cooperación y coordinación. Este último, también determinado como principio en la Ley Marco de Autonomías, en el artículo 5 numeral 14, donde se hace responsable al nivel central del Estado sobre la coordinación general, para orientar las políticas públicas en todo el territorio nacional.
Pero ¿cómo entender la temeridad?, si recurrimos a la sabiduría griega, en Aristóteles encontramos el precepto del justo medio, determinando al valor como el término medio entre cobardía y temeridad, siendo este último un exceso de acción, no obstante, ¿realmente hacen algo nuestras autoridades? Me refiero a labores trascendentes, más allá de las actividades operativas para que “todo siga funcionando”, pues un buen parámetro de medición sería el cumplimiento de la Constitución y la legislación correspondiente, que como entidades territoriales autónomas parecen haber olvidado, así como la instancia técnica del nivel central del Estado llamada a implementar el modelo autonómico —Servicio Estatal de Autonomías (SEA)— también deberían promover.
Vale la pena recordar esa joya literaria redactada por el siciliano Duque de Palma y Príncipe de Lampedusa, Giuseppe Tomasi, El gatopardo (1958), cuando señala que “si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie”; puesto que en el imaginario colectivo se cree que cada vez que hay elecciones hay un cambio cuasi mágico de las actitudes gubernamentales, solamente porque las noveles autoridades así lo manifiestan, pero más allá de su verborrea siguen procediendo como sus predecesores, entonces, nos hallamos ante un círculo vicioso.
Por ello, la gestión pública —que no siempre es un derroche de atinadas decisiones, pero nos mantiene entretenidos al menos en su primer año cuando procuran llenarse de intenciones hechas palabras— nos hace pensar en el derroche de oportunidades desde la perspectiva de la saga literaria del escritor y periodista español Arturo Pérez-Reverte Las aventuras del capitán Alatristre, donde podemos identificar varias actitudes estatales también contemporáneas hoy en día: “Firmar así el acta de defunción de aquella infeliz España a la que había llevado el desastre, gastando el oro y la plata de América en festejos vanos, en enriquecer a funcionarios, clérigos, nobles y válidos corruptos, y en llenar con tumbas de hombres valientes los campos de batalla de media Europa”.
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