El príncipe indeciso: Rodrigo Paz y el Estado de excepción
Hace más de cinco siglos, Nicolás Maquiavelo escribió en El Príncipe una sentencia que todo gobernante debería leer antes de asumir el poder: “Los romanos nunca permitieron que un conflicto persistiera para evitar una guerra, porque sabían que la guerra no puede evitarse, solo aplazarse para ventaja del adversario”. Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia desde hace apenas seis meses, parece no haberla leído, o haberla leído y elegido igualmente la irresolución como estrategia de gobierno. El resultado está a la vista.
Bolivia en crisis: semanas de parálisis y bloqueos
Bolivia lleva semanas paralizada. Más de medio centenar de puntos de bloqueo en seis departamentos, tres muertos —entre ellos un ciudadano beliceño que no pudo recibir atención médica a tiempo—, escasez de alimentos en La Paz y oxígeno hospitalario agotándose para pacientes internados. Y en medio de ese caos, un presidente que no actúa; que invita al diálogo pero no encuentra interlocutores; que condena los bloqueos en sus declaraciones pero no los levanta en los hechos.
La irresolución como estrategia de gobierno
El gobierno de Paz enfrenta lo que el analista político Iván Pinto denominó una “crisis de régimen”, no solo una crisis de gestión. El síntoma más grave de esa crisis profunda es la irresolución sistemática del Ejecutivo ante sus propias herramientas constitucionales disponibles. Esto es una crisis de Estado, diferente porque es estructural y no se soluciona cambiando un presidente.
El estado de excepción y la Ley 1341: excusa o herramienta
El gobierno ha esgrimido la Ley 1341 —Ley Eva Copa, promulgada en julio de 2020— como si fuera el obstáculo real para no activar el artículo 137. Esa norma añadió candados: aprobación legislativa por mayoría absoluta, facultad parlamentaria para modificar los decretos vinculados, un techo de sesenta días y derechos intangibles durante su vigencia. El Senado, el 24 de mayo, aprobó con más de dos tercios su abrogación y la remitió a Diputados. El mensaje implícito era demoledor: la Ley 1341 era el candado. Sin ella, el Presidente podría actuar. Esa lógica, sin embargo, encierra un error constitucional de fondo.
Maquiavelo dedicó capítulos enteros de El Príncipe al peligro mortal de la irresolución. En el capítulo XXV escribió que “es mejor ser impetuoso que cauto, porque la fortuna es mujer, y si quieres dominarla, debes forzarla; se ve que se deja vencer más por estos que por los que actúan fríamente”. En el capítulo III fue más concreto: “Los males que se detectan a tiempo se curan fácilmente; si se los deja crecer sin reconocerlos, el remedio llega cuando ya es demasiado tarde”.
Quien gobierna debe actuar, no esperar que los problemas se resuelvan por inercia. El príncipe indeciso no es un estadista prudente; es un gobernante que abdica su responsabilidad mientras cede terreno al adversario político día a día.
Cuando la indecisión tiene precio: lecciones de la historia
La historia está llena de líderes que pagaron un precio enorme por no actuar a tiempo. Alejandro Kérenski, al frente del Gobierno Provisional ruso en 1917, tuvo semanas para consolidar su autoridad frente a los bolcheviques y no lo hizo; Lenin llenó el vacío con decisión implacable en octubre.
Luis XVI, ante el avance de la Revolución Francesa, no supo cuándo ceder ni cuándo resistir, oscilando entre la concesión y la huida, terminando en la guillotina por indecisión crónica en ambas direcciones. Neville Chamberlain creyó en 1938 que la paciencia y la concesión desactivarían a Hitler; la historia lo juzgó como el símbolo exacto del apaciguamiento estéril. En todos estos casos, la irresolución resultó más determinante que la fuerza real del adversario.
La Constitución prevalece: el artículo 137 CPE como respuesta jurídica
El artículo 410 de la CPE establece que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y que todas las demás le están subordinadas. Una ley ordinaria no puede limitar lo que la norma suprema otorga al Ejecutivo. Si la Ley 1341 restringía el artículo 137 CPE, el problema era su propia inconstitucionalidad, no un óbice jurídico válido. Rodrigo Paz podía invocar el artículo 137 directamente, sin esperar abrogación alguna, ya que la aplicación desde y conforme a la Constitución, como método interpretativo es el que prevalece. El verdadero error no fue ignorar la Ley 1341, sino usarla como pretexto para no decidir. Que el Senado trate su derogación como la llave del estado de excepción es, jurídicamente, teatro político. El verdadero candado nunca fue la Ley 1341. Fue —y sigue siendo— la falta de voluntad política del presidente.
¿Puede Rodrigo Paz revertir la crisis?
Rodrigo Paz puede aún revertir esta dinámica, pero el margen se estrecha cada hora que pasa sin una decisión firme y visible. Bolivia está en el punto exacto de inflexión que Maquiavelo describió hace cinco siglos con una lucidez que todavía asombra: quien detecta el mal tarde, pierde no solo la batalla, sino la guerra entera. La pregunta urgente ya no es si el presidente debe actuar. La pregunta —más dolorosa y más real— es si Rodrigo Paz todavía está a tiempo de demostrar que sabe gobernar cuando gobernar resulta incómodo, políticamente costoso y humanamente difícil.
