La Cumbre que se olvidó de la Ley
El espectáculo del diagnóstico perpetuo y la coordinación intergubernamental que nunca llega…
El sábado 9 de mayo, Cochabamba se convirtió en el escenario de un gran desfile retórico. Más de 600 autoridades, gobernadores, alcaldes, legisladores, líderes sociales y empresariales se congregaron bajo el rótulo de “Acuerdo Nacional para la Estabilidad y las Reformas”, convocados por el presidente Rodrigo Paz con la promesa de sentar las bases del futuro del país. El presidente dijo que “la patria es el futuro, no el pasado”. Bien. Pero el problema es que tampoco fue el presente, porque el presente —ese que está escrito en la Ley— fue ignorado con llamativa elegancia.
UNA CUMBRE CON TRAJE DE GALA Y SIN FUNDAMENTO LEGAL
Permítame comenzar con lo que nadie dijo en el estrado: existe un mecanismo legal de coordinación intergubernamental que lleva más de quince años vigente y que fue sistemáticamente soslayado.
El artículo 121 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” establece, con precisión quirúrgica, los mecanismos e instrumentos de coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas. Entre ellos figura, en primer lugar, el Consejo Nacional de Autonomías (CNA), diseñado específicamente para la coordinación política entre el gobierno central, los gobernadores, alcaldes y autoridades indígenas. A este consejo se suman la coordinación técnica a cargo del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), el Sistema de Planificación Integral del Estado, los Consejos de Coordinación Sectorial, la coordinación financiera y los acuerdos y convenios intergubernativos.
¿Alguien mencionó alguno de estos instrumentos en la cumbre? No. Nadie.
El artículo 124 de la misma Ley 031 establece el funcionamiento del Consejo Nacional de Autonomías: debe reunirse ordinariamente al menos dos veces al año, y puede sesionar de manera extraordinaria a solicitud de un tercio de sus miembros. Sus acuerdos deben tomarse por consenso y traducirse en convenios intergubernativos vinculantes. Tiene una Secretaría Técnica a cargo del Ministerio de Autonomía. Tiene reglamento interno. Tiene estructura. Tiene procedimiento.
Lo que no tiene, al parecer, es quien lo active.
Porque lo que se hizo en Cochabamba no fue una sesión del Consejo Nacional de Autonomías. Fue una cumbre política convocada discrecionalmente por el Ejecutivo, sin invocar el mecanismo legal, sin levantar actas de convenio intergubernativo, sin compromisos vinculantes, y con resultados que se reducen —hasta ahora— a una lista de anuncios y la conformación de comisiones.
WEBER TENÍA RAZÓN: LA LEGITIMIDAD SIN LEGALIDAD SE GASTA SOLA
Max Weber distinguió con rigor entre tres tipos de autoridad legítima: la tradicional, la carismática y la racional-legal. En los Estados modernos, sostiene Weber, la legitimidad que da sostenibilidad a la dominación política es precisamente la racional-legal: aquella que se funda en la norma, en el procedimiento, en la institucionalidad. El gobernante manda porque la ley lo habilita, y en esa misma medida, gobierna dentro de los cauces que la ley traza.
Cuando un gobierno convoca una cumbre nacional para tratar temas de coordinación intergubernamental —que es exactamente lo que hizo el presidente Paz— sin activar los mecanismos legales previstos para ese fin, no está cometiendo un error administrativo menor. Está deslizándose desde la legitimidad racional-legal hacia una legitimidad meramente carismática o coyuntural: “yo convoco porque tengo voluntad política y el momento lo exige”. Ese tipo de autoridad, advertía Weber, se desgasta rápidamente porque no descansa en instituciones sino en personas.
Y las personas pasan. Las instituciones —cuando se construyen— permanecen.
La paradoja es dorada: un presidente que anuncia una demanda ante el TCP contra varios artículos de la Ley de Autonomías por ser “candados que limitan la gestión” incumple, al mismo tiempo, los artículos de esa misma ley que facilitan la coordinación. Si la norma le incomoda, que la reforme. Si no la ha reformado, que la cumpla. No puede denunciar la ley a la mañana y esquivarla a la tarde.
EL DIAGNÓSTICO PERPETUO: UNA ENFERMEDAD CRÓNICA DE LA POLÍTICA BOLIVIANA
Pero hay algo más profundo que la omisión normativa. Lo que presenció Bolivia el sábado fue una expresión refinada de lo que el politólogo Albert Hirschman llamaría la trampa del “discurso de la intransigencia”: la tendencia de los actores políticos a reciclar diagnósticos dramáticos —”el país está quebrado”, “hay fractura social, política y moral”, “las instituciones están erosionadas”— como sustituto del trabajo técnico de formular políticas concretas, medibles y con plazos definidos.
El presidente Paz llegó a Cochabamba con 10 proyectos de ley anunciados. Bien. Pero proyectos de ley no son políticas públicas en ejecución. Son intenciones legislativas que todavía deben pasar por la Asamblea, por comisiones, por debate, por promulgación, por reglamentación. Mientras tanto, ¿cuáles son las medidas de corto plazo para el municipio que no puede pagar sueldos? ¿Cuál es el cronograma concreto para la gobernación que tiene proyectos paralizados? ¿Cuándo y cómo se incrementarán los 2.200 millones de bolivianos prometidos a los gobiernos subnacionales?
Una cumbre sin actas vinculantes, sin indicadores de seguimiento, sin plazos comprometidos y sin mecanismos de rendición de cuentas no es un instrumento de gobernanza. Es un acto simbólico. Y los actos simbólicos son necesarios en política, pero no pueden reemplazar a la gestión.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, habló de “mayor libertad presupuestaria” y de “no tener que peregrinar a La Paz por un trámite presupuestario”. Son anuncios bienvenidos. Pero si el diagnóstico es que la Ley de Autonomías ha “cercenado” las competencias regionales durante años, la pregunta es inevitable: ¿por qué esperaron hasta una cumbre política y no activaron el Consejo Nacional de Autonomías desde el primer día de gestión?
LO QUE DEBIÓ HACERSE (Y AÚN PUEDE HACERSE)
La crítica técnica no es negación del diálogo. Es precisamente lo contrario: es la exigencia de que el diálogo sea institucional, sostenible y con consecuencias jurídicas reales. Para eso, la Ley 031 ya tiene los instrumentos:
- Convocar formalmente al Consejo Nacional de Autonomías (art. 122-124 Ley 031) con agenda pública, actas y acuerdos vinculantes.
- Activar los Consejos de Coordinación Sectorial para las áreas críticas: salud, energía, inversión, justicia.
- Suscribir convenios intergubernativos concretos con compromisos medibles entre el nivel central y los gobiernos subnacionales.
- Fortalecer el Servicio Estatal de Autonomías como instancia técnica de monitoreo y coordinación.
- Establecer un tablero de indicadores de cumplimiento de los anuncios realizados en la cumbre, con responsables y fechas.
Si el Gobierno quiere que Cochabamba sea un hito histórico y no una fotografía más del archivo de las promesas, la hoja de ruta está escrita desde 2010. Solo hace falta leer la ley.
DE LOS ANUNCIOS A LAS INSTITUCIONES
Bolivia no necesita más diagnósticos. El país sabe que está en crisis. Lo que necesita es ver que quienes gobiernan construyen —aunque sea a tropiezos— la arquitectura institucional que haga sostenible la salida de esa crisis.
Weber, una vez más, es iluminador: el Estado moderno no es el que tiene el gobernante más carismático o el discurso más encendido. Es el que logra que la legalidad se convierta en el hábito cotidiano del poder.
Cochabamba fue un gran encuentro. Ahora falta lo más difícil: que lo acordado se convierta en acta, el acta en decreto, el decreto en ejecución, y la ejecución en un boliviano que recibe un servicio mejor mañana que ayer.
Mientras eso no ocurra, la cumbre habrá sido, como tantas otras, un espejo en el que Bolivia se vio pero no se reconoció.
