En marzo de 2025, Bolivia se vio envuelta en un escándalo mediático que puso en tela
de juicio la capacidad del Estado para proteger su soberanía y garantizar el
cumplimiento de las leyes. El caso del ficticio Estado de Kailasa, que logró firmar
contratos de arrendamiento perpetuo con comunidades indígenas bolivianas, expuso
las debilidades institucionales y la falta de control en la gestión de tierras. Este
episodio, que generó indignación y desconcierto, nos invita a reflexionar sobre la
importancia de la institucionalidad y el ejercicio responsable del poder.
El ficticio Estado de Kailasa, liderado por un grupo religioso hinduista, logró firmar
acuerdos con comunidades indígenas bolivianas para el arrendamiento de más de 480
mil hectáreas de tierras amazónicas. Los contratos, que incluían cláusulas de
arrendamiento perpetuo y renovación automática, fueron firmados al margen de la
Constitución Política del Estado (CPE) y sin consulta previa a las comunidades
afectadas. Según la CPE, los acuerdos internacionales son competencia exclusiva del
gobierno nacional a partir de la política exterior que es encargada a este nivel de
gobierno, y cualquier contrato que comprometa la soberanía del Estado debe ser
aprobado por las autoridades competentes.
La falta de regulación clara y la ausencia de mecanismos efectivos de consulta previa
permitieron que estos acuerdos ilegales se concretaran. Además, la presencia de
representantes de Kailasa en actos públicos con autoridades bolivianas generó
sospechas sobre posibles complicidades y negligencias por parte del Gobierno
Central. Este caso no solo pone en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades
indígenas, sino también la fragilidad de las instituciones encargadas de proteger sus
derechos.
La Constitución Política del Estado boliviano establece que la soberanía nacional es
inviolable y que los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano. Según el
artículo 349 de la CPE, “los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés
público, y su explotación debe ser regulada por el Estado”. Además, el artículo 255
señala que “los tratados internacionales y acuerdos que afecten la soberanía nacional
deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
En el caso de Kailasa, los contratos de arrendamiento perpetuo violaron estos
principios constitucionales al otorgar derechos sobre tierras y recursos naturales a un
Estado ficticio sin la aprobación de las autoridades competentes. La falta de consulta
previa, garantizada por el Convenio 169 de la OIT, también constituye una violación de
los derechos de las comunidades indígenas.
Situaciones similares han ocurrido en otros países de la región, como Paraguay,
donde un ministro fue destituido por firmar acuerdos ilegales que comprometían la
soberanía del Estado. En este caso, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay
intervino para garantizar el cumplimiento de las leyes y sancionar a los responsables.
Este contraste pone de manifiesto la importancia de contar con instituciones sólidas y
mecanismos efectivos de control para prevenir abusos de poder y proteger los
intereses nacionales.
En Paraguay, la destitución del ministro y las sanciones impuestas a los responsables
reflejan un compromiso con la institucionalidad y el respeto por el orden jurídico. Sin
embargo, también evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas para evitar que situaciones similares se repitan.El caso de Kailasa y el episodio en Paraguay nos recuerdan que la institucionalidad es
fundamental para garantizar el cumplimiento de las leyes y proteger los derechos de
los ciudadanos. Según el jurista boliviano René Zavaleta Mercado, “la institucionalidad
no es solo un conjunto de normas, sino una práctica social que refleja la capacidad del
Estado para ejercer su autoridad de manera legítima y efectiva”. Por su parte, el
politólogo argentino Guillermo O’Donnell destaca que “la calidad de las instituciones
democráticas depende de su capacidad para garantizar la igualdad ante la ley y
prevenir el abuso de poder”.
El ejercicio responsable del poder requiere transparencia, rendición de cuentas y un
compromiso con el bienestar de la sociedad. En palabras de la politóloga boliviana
María Teresa Zegada, “el poder no es un fin en sí mismo, sino un medio para construir
una sociedad más justa y equitativa”. En este sentido, los líderes políticos y las
instituciones deben actuar con responsabilidad y ética para garantizar el respeto por
los derechos humanos y la soberanía nacional.
Estos episodios nos invitan a reflexionar sobre la importancia de fortalecer las
instituciones y garantizar el ejercicio responsable del poder. Solo a través de la
transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por el orden jurídico podemos
construir sociedades más justas y equitativas, mientras tanto, el desorden y la
debilidad de nuestra Bolivia no solamente se expresa en ausencia de dólares o la
interminable cola por combustible, sino en una severa ausencia de ética ciudadana.