La reciente designación de Álvaro Ruiz como Ministro de Medio Ambiente y Agua ha generado una ola de expectativas, especialmente en Tarija, donde se espera que priorice proyectos clave como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Sin embargo, en medio de estas promesas de gestión transparente y aceleración de proyectos, resuenan también las palabras del propio Ministro, quien no dudó en asegurar que con Arce «se viene la segundita» del 2025 al 2030. Esta declaración, aunque pueda interpretarse como un simple apoyo político, revela una problemática más profunda: la instrumentalización de cargos públicos y la fragilidad institucional que socava el desarrollo sostenible en Bolivia.
El nombramiento de Ruiz se produce en un contexto marcado por la destitución de sus dos antecesores, uno procesado por coimas millonarias y otro acusado de legitimación de ganancias ilícitas y falsedad en la declaración jurada. Esta sucesión de escándalos no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que también pone de manifiesto la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública.
La promesa de «cero tolerancia a la corrupción» por parte del nuevo Ministro es un buen punto de partida, pero no es suficiente. Se necesita un cambio sistémico que combata la impunidad y garantice la rendición de cuentas. Como bien señaló el Presidente Arce, este año será «complicado» para el Gobierno, que será blanco de ataques de quienes aspiran a una candidatura. Sin embargo, la mejor defensa contra estos ataques no es la propaganda política, sino una gestión eficiente y transparente que demuestre resultados tangibles para la población, es decir, más hechos y menos palabras.
La insistencia en la reelección, incluso antes de resolver problemas urgentes como la escasez de agua potable y el saneamiento básico, refleja una desconexión con las necesidades reales de la gente. Esta actitud, lamentablemente común en la política latinoamericana, parece confirmar la advertencia de reconocidos politólogos sobre la megalomanía y el sesgo del punto ciego que afectan a muchos líderes.
Como lo estableció Giovanni Sartori, politólogo italiano:«El poder embriaga, y la embriaguez del poder genera una ceguera selectiva que impide ver la realidad tal como es, distorsionándola para que se ajuste a los deseos del gobernante.»
Alocuciones como las del ministro Ruiz, no hacen sino desafiar el buen sentido político que la opinión pública y ciudadanía tiene, pues, no se trata de segunditas o terceritas, sino de tomar decisiones efectivas dentro de la maquinaria estatal, pues la evidencia en las calles, mercados y foros de discusión no alientan aceptación del actual régimen, alicaído por su sinsentido al momento de asumir la conducción del país en temas estratégicos como ser el litio, la ausencia de divisas, escasez de alimentos, contrabando, informalidad, persecución política, entre otros.
Bolivia necesita urgentemente fortalecer su Estado de Derecho, promover una cultura de la legalidad y construir instituciones sólidas que sean capaces de resistir la corrupción y la injerencia política. De acuerdo con el World Justice Project, en su índice de Estado de Derecho 2023, Bolivia se encuentra en el puesto 114 de 142 países, reflejando serias deficiencias en el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos fundamentales. Asimismo, Transparencia Internacional sitúa a Bolivia entre los países con mayores niveles de corrupción percibida. Por ello, no podemos ser autocomplacientes y creer que se avanzó o se hizo algo estructural, que es donde radican los verdaderos cambios.
Ya lo dijo claramente, Carlos Santiago Nino, abogado y filósofo argentino: «La autocomplacencia y la convicción de ser imprescindibles son síntomas de una peligrosa desconexión con la sociedad, un espejismo que tarde o temprano se desvanece.» Mientras deslucidos políticos se enfrascan en disputas por el poder, la población sigue esperando soluciones a sus problemas más básicos. Es hora de que los líderes bolivianos demuestren un verdadero compromiso con el servicio público y dejen de lado la tentación de perpetuarse en el poder, muy presente en autoridades vigentes, como si fuera su derecho o como si tengan que cumplir un designio divino. Nada más alejado de la realidad, pues no hay imprescindibles, de darnos cuenta de ello, depende el futuro de Bolivia.
