Académicamente, la injerencia en los asuntos internos de un Estado se entiende como perjudicial, ya que puede desestabilizar el orden de los países y avivar las luchas étnicas o civiles. En ese sentido, la regla de no injerencia anima a los Estados a resolver sus propios problemas internos y a evitar que se extiendan y conviertan en una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.
"...Como complemento a lo dicho, se plantearía una situación de colisión entre voluntad política expresada en la normatividad que quieren llevar adelante los representantes políticos (diputados y senadores) y la voluntad jurídica, que se supone defienden —bajo la lógica del principio de supremacía y de control constitucional— los magistrados constitucionales; para lo cual deberían ser reconocidos como probos, idóneos e intachables en su proceder, cualidades que no son precisamente las que el ciudadano común atribuye a estas autoridades..."
“Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie”; puesto que en el imaginario colectivo se cree que cada vez que hay elecciones hay un cambio cuasi mágico de las actitudes gubernamentales, solamente porque las noveles autoridades así lo manifiestan, pero más allá de su verborrea siguen procediendo como sus predecesores, entonces, nos hallamos ante un círculo vicioso.
Parece que ni los asesores del presidente Arce Catacora ni las rutilantes autoridades subnacionales, recuerdan que esta instancia consultiva (CNA), serviría para coordinar, deliberar, proponer y concertar todas las demandas que la ciudadanía necesita.
En puertas de las elecciones subnacionales, es difícil encontrar candidatos que se explayen en su conocimiento de lo que el Estado boliviano es y mucho menos la dinámica multinivel en …