Derecho Constitucional Boliviano

Mientras no haya un respeto claro a la institucionalidad, a la democracia representativa, al valor de la transparencia, pero sobre todo al hecho de querer mejores días para todos, abrir una nueva página en la historia de activación constituyente sería una vertiginosa forma de convulsionar al país, porque no se explica de otra forma la insistente manía de querer conversar con sus acólitos aquello que sus mismos seguidores no terminan de comprender: la constitución vigente.
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"...Como complemento a lo dicho, se plantearía una situación de colisión entre voluntad política expresada en la normatividad que quieren llevar adelante los representantes políticos (diputados y senadores) y la voluntad jurídica, que se supone defienden —bajo la lógica del principio de supremacía y de control constitucional— los magistrados constitucionales; para lo cual deberían ser reconocidos como probos, idóneos e intachables en su proceder, cualidades que no son precisamente las que el ciudadano común atribuye a estas autoridades..."
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Nuestros legisladores no son ni serán ángeles, no obstante, el ciudadano espera que aspiren a ser los salvadores de la alicaída nación, procurando construir la Bolivia que necesitamos en vez de recriminar el pasado reciente como una búsqueda de culpables de nuestros propios errores históricos.
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Toda Asamblea o legislativo responde a dos razones básicas para justificar su existencia: a) es la instancia de representación popular de las distintas fuerzas políticas que en el caso boliviano se materializa en tres posibilidades, acceder al legislativo a través de un partido político, una agrupación ciudadana o un pueblo indígena originario campesino  y b) es el contrapeso material y sustancial del órgano ejecutivo que ante la dinamicidad de sus características suele mostrarse como la única parte visible del Estado.
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La mayoría de los autoproclamados intelectuales que enseñan derecho fuera de ese establishment son conservadores que mantienen vivas las estructuras reaccionarias de hace setenta años o personas sin intereses teóricos fuertes, lo que produce conflictos cuyo resultado perjudica a la población antes que a los políticos
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...es un principio de derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno.
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