Bolivia no es un Estado cualquiera, y se afirma esto no con fines chauvinistas, sino más bien queriendo resaltar la exótica forma que tiene de reproducir momentos históricos cuyo único resultado es porfiar en un destino de fracaso donde no hay aprendizaje de lo sucedido, sino aires de confianza en lo desconocido. Esta actitud en el sector público, en los gobernantes subnacionales o del nivel central del Estado, lo único que logra es perder oportunidades, no hacer gestión y abortar un debate antes de haber agotado posibilidades reales de éxito.
Me refiero a la reciente alocución del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, cuando afirma que “cada departamento tiene su potencial, pero el centralismo no lo deja surgir… el propósito, es un federalismo hecho a la realidad de los departamentos”. La pregunta es: ¿Cómo se arroga Camacho el conocimiento de la realidad de los departamentos?, ¿recurrió al conocimiento histórico, jurídico y político de la temática? y, más concretamente, ¿por qué no acude a la reconducción de la autonomía en vez de aludir a la “sabiduría del pueblo” que, según él, clama federalismo?
Lo cierto es que no lo dice, pero, viabilizar su propuesta implica una asamblea constituyente, la cual no se activa por una autoridad subnacional, al menos si quiere hacerse de forma seria, o conforme lo señala el artículo 411 de la Constitución vigente; además de considerar el actual estado de situación en el que se hallan las autonomías. Al respecto, en septiembre de 2020 se presentó el Balance del Estado autonómico boliviano, una radiografía de los 10 años del ejercicio de la voluntad autonómica, tal vez un solitario aporte a la cultura autonómica desde una esmirriada institución denominada Servicio Estatal de Autonomías (SEA). En ese documento recopilatorio y analítico, se presentó con claridad meridiana, el conjunto de normas jurídicas (138 en total) que el nivel central del Estado promulgó y que vulneraron la autonomía, a la par de presentar una ruta crítica para reconducirla. ¿Qué pasó con ese documento?: fue dejado en el olvido, como casi toda reflexión al respecto.
Lo que sí queda claro es la ausencia de ilustración en la temática autonómica, porque la propuesta del federalismo no hará por sí sola, el salto cualitativo de una república unitaria central a un Estado federal boliviano. Se debe dilucidar primeramente cómo transitamos de un Estado compuesto (naturaleza jurídica que delimita al actual Estado boliviano) hacía esa quimera federal.
No malentienda, apreciado lector, que existe en estas líneas una animadversión hacia el modelo de Estado federal, sino más bien un rechazo a jugar de manera tan superficial una carta tan relevante como modificar el modelo de Estado, porque no se trata de socializar, hablar con otras autoridades para “ponerse de acuerdo”. Hay que trazar la línea jurídico-política para definir si Bolivia está lista para esa inversión económica y social (porque sin Asamblea Constituyente se caería en la ilegalidad) ya que si no existe voluntad política sería no solamente un oportunismo de discurso, se caería en la ilegitimidad y el desorden.
Porque no se hace un Estado federal solamente por aspiraciones económicas, es decir, pensando: “como genero más economía, merezco autogestionarme a través de mi idea federal”. Es más, con el actual modelo autonómico, lo único que faltaría para funcionar en un régimen federalista sería fragmentar el órgano judicial a nivel departamental y ajustar el catálogo competencial establecido en la Constitución, entre sus artículos 297 a 305, al menos para hacerlo sin fracturar el actual modelo en un caos institucional mayor al que ya heredamos de gestiones públicas anodinas en cuanto a eficiencia y desarrollo efectivo.
Vale la pena recordar el debate que surgió en el siglo XIX a propósito de la misma temática, en el razonamiento del médico Adolfo Mier, un notable federalista orureño en su obra Federación (1898): “Aceptamos el principio (federalista) como verdad comprobada, pero en sus detalles tengamos a la vista nuestros recursos, nuestro pasado, nuestras necesidades y demás condiciones sociales para que la ley tenga aplicación práctica y realice la aspiración general de armonizar el orden con la libertad evitando el despotismo y la anarquía. Evitemos el derroche de los fondos fiscales; evitemos que el Ejecutivo celebre contratos leoninos en los que por miserables primas se vende el provenir de la patria; evitemos la degradación de los funcionarios públicos cuando dependen de la voluntad de un hombre autoritario e ignorante”.
Lo positivo de la propuesta del gobernador cruceño, es poner en mesa de discusión la necesidad de discutir el tema, el cual debe ser abordado de manera seria, con esa mirada al pasado, sin rechazar de plano las autonomías, “porque no funcionaron”; preguntándonos ¿qué hicimos y que no hicimos para que no funcionen? Sabe usted que ya van más de tres años que no se cumple el mandato del artículo 124 de la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización, el cual llama a que el presidente de turno, para reencaminar este proceso, convoque a un Consejo Nacional de Autonomías, reunión de todos los niveles de gobierno y autoridades, y no a partir de una palestra regional solamente.
Vale la pena recordar ese dicho popular: “El bosque seguía muriendo y los árboles seguían votando al hacha. Ella era inteligente, los había convencido de que, por tener el mango de madera, era uno de ellos”. No se trata de fanatizarse por la moda federal, simplemente porque quien lo propone está en nuestra región, sintonía política o es opositor a la gestión de turno; hay que racionalizar el proceso primero, hacerlo de otro modo, sería falaz.
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